Desclasifican documentos sobre la masacre de inmigrantes en Tamaulipas

México. Los secretos de las matanzas de San Fernando, Tamaulipas, donde murieron más de 70 centroamericanos en 2010 han salido a la luz pública, luego que la organización National Security Archive logró desclasificar documentos diplomáticos que revelan la colusión de funcionarios federales, estatales y municipales, entre ellos los ex gobernadores Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, con las organizaciones criminales que operan es esta comunidad mexicana.

El crimen se conoció gracias a que un ecuatoriano logró huir de los secuestradores y de la muerte, a pesar que le habían disparado, y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres. Los documentos indican la manera en que Los Zetas cometieron sus atropellos contra cientos de indocumentados centroamericanos entre los años 2010 y 2012.

Los migrantes salieron en autobuses de pasajeros rumbo a la frontera, soñando con una nueva vida pero regresaron a bordo de un tráiler con caja refrigerante que los depositó en una morgue.

La mayoría de los 196 cadáveres hallados en abril de 2011 en las fosas de San Fernando, Tamaulipas, eran de inmigrantes pobres asesinados a golpes; su vida no valió ni siquiera una bala. Al gobierno de Tamaulipas le preocupaba que la mala publicidad espantara el turismo y las inversiones. Alguien ordenó sacar del estado los cuerpos para tapar el escándalo.

La información está contenida en la serie de cables desclasificados que funcionarios estadounidenses enviaron de México a Washington D.C. entre 2010 y 2012.

En esos reportes queda claro que el gobierno mexicano estaba al tanto de los crímenes que cometían Los Zetas en San Fernando desde antes de la masacre de los 72 migrantes en agosto de 2010 y del hallazgo, al año siguiente, de las fosas comunes.

Los informes obtenidos por la organización National Security Archive (NSA) con base en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA, siglas en inglés), revelan la colusión de funcionarios municipales, estatales y federales mexicanos con los criminales, la presencia de kaibiles (soldados de élite) en la zona y la petición de ayuda a Washington D.C. por parte de la cancillería mexicana para salvar la popularidad de Felipe Calderón, desplomada por aplicar una estrategia de combate contra las drogas (cofinanciada por Estados Unidos) que los mexicanos, y los propios funcionarios estadounidenses, consideraban como generadora de violencia.

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